El sistema público de pensiones en España ha estado basado en la solidaridad colectiva desde las aportaciones del trabajador con su salario. Con la instauración de la democracia, estas aportaciones han ido acumulando un excedente de 519.104 millones de Euros a la Seguridad Social durante todos estos años. Capital que debería estar en el fondo de reserva de las pensiones, creado en 1995 con el famoso Pacto de Toledo. Pero no ha sido así, los Gobiernos sucesivos desde 1978 se han dedicado a “saquear” el dinero nuestro, de los trabajadores, ya que procedía de nuestro trabajo, eso no era un impuesto para los PGE, era un depósito para atender las pensiones de los obreros, ya que el capital no aporta ni un céntimo a esos fondos. Ha sido un “expolio” en toda regla de nuestros dineros. Las actuales recomendaciones de los Pactos de Toledo al Pleno del Congreso reconoce este “saqueo” en el marco de los “gastos impropios” pero sólo como referente a corregir, para nada plantean restituir la cantidad “expoliada”.
El Congreso de los Diputados debería crear una comisión de investigación y llevar a los tribunales a aquellos que incumplieron constantemente las propias normas que se establecieron en 1995 con el consenso colectivo de todos los diputados y diputadas del pueblo español.
Sobre este saqueo, es inadmisible el silencio general que hay. Existe una complicidad en parte de los sectores sociales, sindicatos y la mayoría de partidos políticos desde la extrema derecha hasta la socialdemocracia. Qué extraño silencio nos rodea. Todos están trabajando para que se consolide esa realidad que lleva a empobrecer las pensiones públicas para que se desvíe una parte de los recursos salariales del obrero a los fondos de pensiones privadas de empresa. Fórmula que ahora se aprobará en el parlamento español con los acuerdos llevados por la comisión del Pacto de Toledo.
Ese objetivo privatizador es lo que persigue el ministro de la Seguridad Social José luís Escrivá. Procedente del Banco de España, del BBVA, y del Banco Central Europeo. Después fue Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, nombrado por M. Rajoy, y de ahí el salto a la Unión Europea, avalado por las fuerzas conservadoras. En esta tarea le acompaña la ministra Nadia Calviño, tecnócrata sobre economía. Ha ejercido durante más de 20 años como alta funcionaria del Estado Español y de la Comisión Europea, aupada en ambas administraciones en gobiernos del PP y de la CDU alemana (derechas).
Dos personajes procedentes de las altas esferas institucionales político-económicas nacionales y comunitarias, cuyo objetivo es facilitarle al capital financiero su intrusión en el mundo del trabajo y de las pensiones (mochila austríaca, planes de pensiones privadas). Pedro Sánchez los puso ahí para llevar a cabo esa “fechoría”. Necesitaba contrarrestar la presión del ala marxista de UnidasPodemos, del gobierno de coalición. Y a éstos les “ha colado un gol de oro”.
Mientras esta estrategia se consolidaba por arriba. Los de abajo, nosotros los pensionistas estábamos y estamos en la calle, de forma autónoma, creando plataformas y movimientos ciudadanos de lucha, día tras día, exigiendo “salvar el sistema público de pensiones”, y “pensión mínima contributiva cuyo importe fuera digno” (que se pudiera vivir con la pensión) , para el 100% de los pensionistas.
Hubo un punto de inflexión en este proceso. A partir del 2011 ya se puso “la primera piedra” contra los pensionistas con la Reforma de las Pensiones del 2011 (acuerdo entre el Gobierno del PSOE y los sindicatos CCOO y UGT). Prolongación de la edad de jubilación a los 67 años. Pasar de 15 a 25 años para el cómputo del cálculo de la pensión, y haber cotizado como mínimo 37 años para tener derecho al 100% de la pensión:
Dos años después vino M. Rajoy y volvió a modificar las pensiones con la Reforma del 2013, donde atacaba los dos factores que la reforma anterior había dejado sin afectación. Factor de Sostenibilidad, penalizar la longevidad de la vida con un proceso regresivo en el valor de la pensión y Factor de Revaloración, el 0,25% de incremento.
Estuvieron 5 años pagando el 0.25% de incremento de las pensiones, mientras el IPC suponía el 8%. En este período hemos perdido el importe de una paga extra. A pesar de eso, miles de familias pudieron comer caliente con la pensión del abuelo. Pero el abandono del Gobierno del PP empobreció enormemente al conjunto de la población.
En Enero del 2018 hubo una eclosión social nacional que hizo salir a la calle a muchos miles de pensionistas cada semana. Llevamos 35 meses ininterrumpidos en este proceso y ¿que hemos conseguido?, el incremento del IPC anual. Si no hubiéramos estado en la calle ni eso tendríamos ahora.
En este momento, en el actual gobierno de coalición, el PSOE se ha olvidado de la Derogación de la Reforma Laboral, a pesar de que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz sí que está por la reforma de la reforma, pero la CEOE se lo impide con Pedro Sánchez como valedor de la patronal. Por ello continuamos con la precariedad en la estabilidad del empleo, y los salarios siguen siendo insuficientes para paliar esa bolsa de trabajadoras pobres que ha generado la reforma laboral del PP. Por otro lado se está consolidando las dos reformas de las pensiones antes mencionadas, con lo que el camino hacia la pobreza de una parte importante de trabajadores y de pensionistas está asegurado. Sobre todo a nuestros jóvenes.
Los mercenarios del capital siguen su trabajo. José Luis Escrivá provocando con lo de alargar el período a 35 años años para el cálculo de la pensión (es toda una vida laboral), cuando antes del 2011 estábamos en 15 años y la reforma de Zapatero la modificó a 25 años (actualmente vigente). Nadia Calviño haciendo que la Reforma Laboral siga vigente y que el salario mínimo se quede como está.
El eje de nuestra lucha ha sido el blindaje del sistema público de pensiones. Asegurar su poder adquisitivo. Conseguir la equiparación de género en el importe de la pensión. Establecer una pensión mínima que permita una vida digna a la pensionista en su última etapa de la vida. Que los 65 años de edad sea la frontera para poder acceder a una pensión. Nada de esto se ha cumplido. Además nos enfrentamos a un sistema paralelo con las pensiones privadas. La implantación de estos productos financieros en el mundo del trabajo sólo tienen un objetivo, ABARATAR LAS PENSIONES PÚBLICAS para beneficio del capital financiero.
Para llevar su plan regresivo a efecto dicen que ahora toca llevar las recomendaciones hechas desde el Pacto de Toledo a la mesa social, es decir, con los sindicatos, mientras tanto quedan excluidos todos los pensionistas que están estamos detrás de la COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), que son la gran mayoría de los activos en la calle. Deberíamos exigir que ellos estuvieran en la misma mesa que CCOO y UGT.
Con todos estos factores regresivos para el pueblo español ¿qué hacen los sindicatos?. Hay las condiciones necesarias para comenzar a movilizar a la clase obrera. El trabajador de hoy será la víctima pensionista de mañana, resultante de esta traición amañada desde casi todos los flancos. Deberían calentar motores para cuando la pandemia esté doblegada. El descontento ciudadano se va decantando hacia la derecha y la extrema derecha de VOX. Así llegó el fascismo a Europa en el primer tercio del siglo XX. En la última encuesta del CIS la derecha y el fascismo aglutina el 43,7% en intención de voto, mientras que la izquierda obtiene un 40,3% de intención ciudadana.
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