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viernes, 21 de mayo de 2021

Demanda prestación IMV

 




IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN SOBRE LA CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL




El Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona en la sentencia nº 174/2021 de 14 de mayo de 2021 ha estimado la demanda interpuesta por Daniel Cedrún contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y reconoce el derecho del demandante a percibir la cantidad de 461,5 euros/mes de la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde el 1 de junio de 2020, así como las revalorizaciones posteriores, condenando al INSS a su abono a la persona demandante.

Daniel Cedrún, persona sin hogar y sin empleo, realizó una huelga de hambre en Pza. de Sant Jaume de Barcelona en octubre de 2020 en protesta ante la falta de respuesta a la solicitud de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y del Ingreso Mínimo Vital.

Aunque finalmente obtuvo el reconocimiento de la prestación del IMV, la cuantía de la prestación abonada fue de 253,16 euros mensuales en lugar de los 461,5 euros que establece el Real Decreto-Ley 20/2020 del Ingreso Mínimo Vital para una persona sin ingresos o con ingresos inferiores al umbral de los 461,5 euros menos 10 euros, es decir 451,5 euros mensuales, durante el año anterior a la solicitud.

Con el asesoramiento y apoyo de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía Daniel Cedrún interpuso una demanda ante el Juzgado de los Social el 24 de febrero de 2021, demanda que fue tramitada y defendida con notable éxito por el abogado Miguel Arenas Gómez del Colectivo Ronda.

Esta sentencia pone en evidencia la mala praxis del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la implementación del IMV, con denegaciones injustas o abono de la prestación en cuantía inferior a lo que establece el Real Decreto-Ley del Ingreso Mínimo Vital a muchas de las personas y familias que tienen reconocida dicha prestación.

Llamamos a las personas y familias que perciben prestaciones inferiores a la cuantía de la prestación del Ingreso Mínimo Vital a presentar las correspondientes demandas ante los Juzgados de lo Social, y a las entidades solidarias a darles apoyo en las demandas.

Exigimos al gobierno de España supervisar y corregir las deficiencias de la gestión del INSS en la prestación del Ingreso Mínimo Vital, abonando la diferencia a los perceptores que hayan sufrido una reducción injusta de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital. También solicitamos agilizar la tramitación de la ley del Ingreso Mínimo Vital incorporando las enmiendas presentadas para mejorar el Real Decreto-Ley 20/2020 del IMV.

Barcelona, 21 de mayo de 2021

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía







miércoles, 19 de mayo de 2021

Qué ha sido de las 26.000 oficinas de banca desaparecidas desde 2008




Desde 2008 hasta finales de 2021 
habrán desaparecido más de 26.000 sucursales

Dejando en muchos casos una herida en el tejido urbano difícil de cicatrizar

Qué ha sido de las 26.000 oficinas de banca desaparecidas desde 2008?

España ha pasado de ser el país del mundo con una mayor red de oficinas a cerrar el 56%

Ser el director de una sucursal bancaria era ser el rey del mambo. La burbuja inmobiliaria gestada entre 2001 y 2008 hizo que cajas de ahorros, bancos y entidades extranjeras abrieran sucursales en cada rincón de España. El pinchazo de la burbuja acabó llevándose consigo a un sinfín de entidades e iniciando el declive de la sucursal. El director de la oficina dejó de ser el rey.

Ahora, con la pandemia y la aceleración de la digitalización en el acceso a los servicios bancarios, el reguero de cierres se ha reactivado. Desde 2008 hasta finales de 2021 habrán desaparecido más de 26.000 sucursales, dejando en muchos casos una herida en el tejido urbano difícil de cicatrizar.

El número máximo de oficinas bancarias se alcanzó en 2008, con 46.221 agencias. Por aquel entonces, la pequeña caja de ahorros de Baleares, Sa Nostra, tenía sede en Móstoles (al sur de Madrid). El gigante estadounidense Citibank contaba con oficinas en Vigo y Soria, y el banco público portugués Banca Geral de Depositos tenía un potente programa de expansión por toda España.

Con el goteo de cierres, muchos locales empezaron a quedar vacíos, en una época en que la crisis económica golpeaba al país. Poco a poco, nuevos negocios fueron ocupando el lugar que iba dejando el sector financiero en su retirada. La oficina de Caja Madrid de Aldea del Fresno (un pueblo de Madrid) se convirtió en un bazar de alimentación. Lo mismo ocurrió con la oficina de La Caixa en la Plaza del Amanecer en Méndez Álvaro (Madrid). La de Caixa Sabadell, en la Avenida Onze de Setembre de Sabadell, pasó a ser Unnim (tras una fusión de cajas), luego un BBVA (tras la compra de la alianza por parte del banco), para acabar convertida en un Telepizza.

Así, las decenas de miles de sucursales cerradas pasaron a convertirse en panaderías, supermercados, zapaterías, academias de percusión y de zumba, papelerías, tiendas de cartuchos de tinta, clínicas de fertilidad, restaurantes de comida asiática, gimnasios, casas de apuestas... Incluso cines, como los Cines Embajadores, en Madrid.

Augusto Lobo, director del área minorista de la consultora inmobiliaria JLL explica que “a medida que han entrado en el mercado más y más oficinas de banca, han ido bajando los precios de alquiler de los locales que ocupaban. Salvo en el caso de las calles principales de localidades potentes, en otros muchos casos se han tenido que revisar a la baja los alquileres”.

LA DIFÍCIL DIGESTIÓN DE LA MAYOR RED DE OFICINAS DEL MUNDO

Densidad récord. La burbuja inmobiliaria fue inflada, en buena medida, por una favorable fiscalidad en la compra de vivienda y un furor competitivo entre bancos y cajas. En 2008, cuando se alcanzó la cifra de 46.000 sucursales, la densidad era de 96 oficinas por cada 100.000 habitantes. Así, un pueblo de 3.000 habitantes podía tener tres sucursales distintas. Se trataba de la densidad bancaria más alta del mundo. España tenía tantas agencias bancarias como Alemania, pero con la mitad de población.
Regulador. No solo los bancos comerciales tenían una extensísima presencia por todo el territorio. El Banco de España también llegó a contar con oficinas en todo el país. En su máxima expansión disponía de 69 sucursales (en todas las capitales de provincia, pero también en Alcoy, Cabra, Don Benito, Linares, Haro, Valdepeñas...). Incluso disponía de delegaciones en Larache, Tetuán, París y Londres. Muchos de esos edificios ocupan lugares prominentes en las capitales. Hoy solo quedan 15 oficinas. Entre 2002 y 2011 cerró la mayoría.
Sedes. Los bancos también han tenido que dar salida a los edificios administrativos donde tenían los cuarteles generales. Su vuelta al mercado ha sido más complicada que con las oficinas. Es el caso del complejo de Mesena, que albergaba la sede de Banesto. Lleva años disponible, con interés por parte de multinacionales como Acciona o Allianz, pero no ha llegado a cuajar una operación.

En los casos más sangrantes, esos locales ubicados en zonas secundarias han acabado vacíos durante más de una década. Es el caso de la oficina de Caja Madrid en el número 219 de la calle Embajadores de Madrid. Desde que se cerró a principios de 2009 ha estado desocupada ininterrumpidamente.

Hay casos más extremos. En esa misma calle, la oficina de Caja Madrid (luego Bankia) del número 46 fue clausurada a comienzos de 2016. Al año siguiente, el local fue okupado por el autodenominado Banco Expropiado La Canica. Desde entonces, es el lugar de encuentro de un grupo de autoconsumo vecinal.


Obra social

No solo han quedado abandonadas miles de oficinas bancarias. También las sedes que albergaban la obra social de las cajas de ahorros han tenido una evolución difícil. En ocasiones, las administraciones locales o provinciales han aceptado hacerse cargo. Pero las arcas públicas también han atravesado momentos delicados y ha habido edificios históricos que se han quedado sin utilidad. Es el caso del Palacio de Mansilla, en Segovia. Este edificio estaba controlado por la obra social de Caja Segovia. Ahora, con las cajas convertidas en bancos y la obra social descapitalizada, ninguna institución ha podido hacerse cargo del mismo.

Entre 2008 y finales de 2020 han cerrado unas 23.000 oficinas. Pero ahora llega otra fuerte oleada. La absorción de CaixaBank por parte de Bankia va a sumar otros 1.400 cierres. Santander cierra otros 1.000 locales, BBVA unas 500... También Sabadell, Unicaja, Liberbank...

Cuando acabe el año, el nivel de oficinas bancarias en España será el más bajo de los últimos 44 años. Hay que remontarse al final del franquismo para encontrar menos sucursales.

Entre 2008 y 2012 la mayoría de los cierres de sucursales se produjeron entre cajas de ahorros, que habían vivido una fulgurante expansión tras liberalizarse el sector y permitírseles salir de sus territorios originales. En cada nueva ampliación urbana de Madrid, Salamanca o Málaga empezaron a aparecer oficinas de cajas de otras regiones, ávidas por crecer. Al pinchar la burbuja tuvieron que plegar y velas y dejar un reguero de deudas que fue cubierto en buena medida por dinero público.

“Yo formé parte del equipo que abrió una oficina de Caja Navarra en el barrio de Arganzuela, de Madrid. Luego nos integramos en Banca Cívica. Cuando esta fue absorbida por CaixaBank sobrábamos empleados y acabé dejando el sector financiero”, explica Juan, que ahora se dedica a la importación y exportación. En la sucursal que abrió ahora hay una empresa de remesas.

Banca extranjera

Tras la retirada de las cajas llegó el repliegue de bancos extranjeros como Espirito Santo, Caixa Geral, Deutsche Bank o Citibank. Y luego el de los bancos convencionales. Sobre todo con las fusiones, como la absorción de Banesto y Banif por parte de Banco Santander. La absorción de Banco Pastor por parte de Banco Popular, y el rescate de este último por parte de Santander.

La progresiva concentración del sector no solo ha traído despidos masivos y cierres de oficinas. También se han quedado vacías muchas oficinas centrales. Con las sinergias, tras una fusión hay muchas funciones duplicadas (servicios jurídicos, contables, tramitaciones, evaluación de riesgos...).

En la plaza de los Bandos de Salamanca tenía su sede el Banco de Castilla. Este fue absorbido por Banco Popular y luego este por Santander. La oficina a pie de calle se ha mantenido, pero las plantas superiores quedaron desocupadas. En Burgos, en la Plaza de Santo Domingo Guzmán estaba la sede de la banca privada de Caja de Burgos. Luego fue la sede de la banca privada de Banca Cívica, para la ciudad. Con la absorción por parte de CaixaBank, las plantas bajas del edificio acabaron siendo alquiladas a la cadena de ropa H&M.

A lo largo de 2021 se han anunciado cierres de otras 3.400 oficinas. Es un un momento en que las compras online han puesto en jaque el modelo de negocio de muchos comercios minoristas. “Estamos empezando a ver que la única salida para algunas sucursales es la conversión en viviendas, en trasteros para particulares o en almacenes de reparto para grandes cadenas de distribución”, apunta Augusto Lobo, de JLL.

Mientras tanto, Banco Santander ha tomado una medida sin precedentes. Para poder gestionar de forma eficiente el cierre de un millar de oficinas ha decidido crear una nueva sociedad para alquilar o vender todos los locales cerrados. “Creo que otras entidades seguirán sus pasos, porque es la forma más razonable de tratar de dar salida a la ingente cantidad de locales de bancos que van a entrar en el mercado”, apunta Lobo.

lunes, 10 de mayo de 2021

Los fondos privados de empresa


el modelo Escrivá

El modelo de pensiones del País Vasco (las denominadas EPSV o Entidades de Previsión Social Voluntarias) es una apuesta personal de José Luis Escrivá, actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es el proyecto de pensiones privadas que pretende impulsar. Se apoya en las recomendaciones del Pacto de Toledo, especialmente la número 16.

El sistema de pensiones que el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene en la cabeza tiene tres patas: una, pública (como la actual pero con un carácter progresivamente residual); una segunda articulada en torno a las Pensiones Privadas de Empresa y una tercera alrededor de las Pensiones Privadas. En estos días José Luis Escrivá está concretando sus propuestas: quiere que en el período 2021-2025 hayan suscrito estos planes 9.000.000 de trabajadores y para el 2050 pretende que la mayoría de los asalariados tengan como referencia esos Planes Privados de Empresa. El objetivo enunciado estos días de reducir la cuantía de las pensiones en 30.000 millones de euros va en esa dirección.
¿Que son las EPSV?

Las EPSV son un modelo de pensiones privadas de empresa que sólo existe en el País Vasco. Esas EPSV habrían de ser el núcleo de un sistema propio de pensiones que se implementaría definitivamente una vez conseguida la independencia. En su momento, se publicitó que sería el propio gobierno autonómico quien aseguraría su supervisión y control. Las buenas palabras han quedado en eso; en la práctica se ha ido desnaturalizando de forma tal que los gestores tienen una gran capacidad para decidir dónde invierten. La filosofía neoliberal que destilan estos fondos privados empuja a reducir el control público a la mínima expresión; para hacerlo, entre otros métodos, se recurre al cambio de estatutos si es necesario. La representación en el caso del País vasco se canaliza a través de los sindicatos (CCOO, UGT, LAB, ELA…), la patronal y el ejecutivo autonómico. Sabemos del escaso o nulo control que ejercen estas instituciones sobre sus representantes en las mesas de negociación. En el escándalo de las tarjetas Black, de Bankia, vimos como algunos representantes sindicales estaban tan implicados en el fraude y la corrupción como los demás.

El ejecutivo, con José Luis Escrivá al frente, pretende generalizar este modelo. Se introduce de esta forma un factor de ruptura en la solidaridad intergeneracional. El modelo público de reparto y de prestación definida (modelo de pensiones públicas actual), aún con todas sus deficiencias, pretende no dejar a nadie atrás; promueve una salida colectiva, cosa que no hace el modelo de Fondo Privado de Empresa (modelo de capitalización individual) donde cada uno mira para sí exclusivamente.

Este modelo se publicita como la fórmula para “compensar” la futura bajada de las pensiones creando una “bolsa individual” ligada a los convenios de empresa que, en el caso actual y a pesar de su nombre (Entidades de Previsión Social Voluntarias o EPSV), serían obligatorias. Curiosamente, y nos volvemos a remitir a las declaraciones del ministro Escrivá, las empresas podrán voluntariamente adherirse o no al protocolo; los trabajadores no podrán escoger.
¿Como se organizan en el País Vasco?

En el País vasco existen unos 77 Fondos Privados de Empresa. Por número de socios, aunque no por capital gestionado, el primero sería GEROA; el segundo Lagun Aro; el tercero, Hazia Elkarkidetza (para los funcionarios y trabajadores de las tres diputaciones vascas y los ayuntamientos); y el cuarto, Itzarri (trabajadores del Gobierno vasco, donde están incluidos por ejemplo la Ertzaintza y los trabajadores del Servicio Vasco de Salud). El negocio de las EPSV es importante y ha representado una fuente de financiación para el propio gobierno: a 31 de diciembre del 2019 [1] las EPSV acumulaban 25.939 millones de euros. De esta cifra, el 60% correspondería a Planes de Empleo colectivos y el resto, hasta un 40%, son Planes de Pensiones Individuales. Los Fondos Privados de Empresa existen en otros países pero junto a la figura de la autoafiliación, como en Reino Unido, Italia o Polonia: en esos países los trabajadores pueden decidir si quieren ser socios o no de esos fondos. No parece ser esa la idea del señor José Luis Escrivá.
GEROA

La EPSV vasca GEROA copia su modelo del Reino Unido, Noruega y Suecia. Nace un año después de la firma del Pacto de Toledo (1996) y coincide con una de sus recomendaciones. Fue creada por la patronal vasca y los sindicatos (ELA, LAB, CCOO y UGT). Curiosamente, y es una crítica que se hace desde los afectados por la crisis de esta EPSV, los problemas financieros de GEROA no han provocado una reacción sindical, bien al contrario estas fuerzas sindicales que están representadas en el Consejo de Administración han preferido hacer “mutis por el foro” y ponerse de perfil.

En GEROA, que hace de gestora de esos fondos, el poder en ese órgano de dirección está dividido al 50% entre sindicatos y patronal. La crítica más común es la opacidad en la toma de decisiones y los cambios de estatutos como hemos señalado.

Las Entidades de Previsión Social Voluntarias tienen un peso considerable en la economía del País Vasco. Si hacemos caso a sus datos, se acogen a alguna de las modalidades de previsión social más o menos el 31% del total de trabajadores activos, aunque el porcentaje llega al 61% en Guipúzcoa. Otra singularidad, como hemos señalado, es que no son voluntarias: si el trabajador realiza su actividad en alguno de los veinte sectores adheridos queda incluido de forma obligatoria en este Plan. Las empresas pueden entrar o salir a voluntad, los trabajadores no. Se da el caso de que alguna gran multinacional, para presionar a los sindicatos en la negociación colectiva, ha llegado a amenazar con retirar sus aportaciones.

GEROA cuenta en este momento con unos 113.298 socios (las cifras lógicamente pueden fluctuar) estructurados en 9.294 empresas y 20 sectores productivos. En 2018 recibió por parte de sus aportantes unos 92,34 millones de euros y gestionó un patrimonio de 2.028 millones. Ese mismo año pagó en prestaciones complementarias de jubilación 52,98 millones de euros a 2.597 jubilados, con un importe mínimo mensual de 173 euros y una media de 182,47 euros/mes.

Lo que hace diferente a GEROA es que las aportaciones a la EPSV se realizan al 50% entre la empresa y el trabajador. En otras EPSV no se funciona así. Los trabajadores de esos 20 sectores presentes entran automáticamente en GEROA en el momento en el que firman un contrato laboral aportando según indique el convenio colectivo; no se pueden realizar aportaciones voluntarias. El aporte máximo, más o menos, ronda el 4,60% del sueldo bruto, al 50% el trabajador y la empresa. Lo define el sector del metal (que es el que creó GEROA) y el mínimo el 0,4% del sector de oficinas o despachos y el comercio general.

Cada trabajador percibirá a la hora de jubilarse una cantidad complementaria en función del dinero aportado. En estos momentos, la aportación media de un trabajador del metal es de 109,99 €/mes, lo que supone una expectativa de complemento de pensión en torno a los 250 €/mes (tras haber cotizado 40 años o más y haber acumulado en la hucha cerca de 50.000 euros) siempre y cuando las inversiones que realice el fondo sean rentables. Un trabajador del comercio, en cambio, apenas aporta para su plan 4,58 €/mes y su expectativa futura sería de 10,5 euros.

El órgano de gobierno de GEROA es paritario entre la patronal, 13 miembros, y los sindicatos, otros 13. El fondo que gestiona Geroa invierte en activos financieros de renta fija y variable en todo el mundo y se publicita afirmando que obtiene más rentabilidad que los Planes Privados. Afirman que desde su creación en 1996 la media de rentabilidad ha sido del 6,5%. Según la publicidad, los trabajadores que “ahorran” en GEROA tienen de media un patrimonio de 36.479 euros (el 42% son beneficios generados y el resto aportaciones).
Los Problemas de GEROA

Al margen de la publicidad, los problemas de GEROA han aflorado, como no podía ser otra forma, en medio de la Pandemia. La primera cuestión es la rentabilidad, que se ha hundido. GEROA invierte en mercados financieros. Las inversiones en bolsa o depósitos, en una situación de marasmo económico, se han desplomado haciendo caer la rentabilidad. El segundo problema es que según los estatutos solo se puede dedicar ese dinero acumulado para pagar pensiones. Los trabajadores con largos años de cotización que se ven empujados al paro, aunque por edad aún no puedan jubilarse, no pueden utilizar esos ahorros para solucionar una situación que en muchos casos es angustiosa.

Según los estatutos sólo por debajo de 11.280 euros de aportación es posible recuperar el dinero en forma de capital o de renta. Si el importe supera los 45.210 euros sólo se podrá recuperar en forma de renta mensual que puede ser temporal o vitalicia, en función de la edad y del importe exacto. Los casi 1.600 trabajadores que, de momento, se han organizado en contra de estas políticas exigen a GEROA cambiar los estatutos para poder retirar su capital; la cantidad que se reclama es modesta (unos 65 millones de euros en total) y GEROA presume de solidez financiera; aun así la entidad se niega a cambiar los estatutos. Los trabajadores descontentos también señalan situaciones dramáticas. Por ejemplo, la viuda o viudo de un/a aportante no puede retirar todo el capital de su cónyuge fallecido sino que sigue recibiendo esa compensación mensual; lo mismo pasa en el caso de los huérfanos. Pero más sangrante es que los trabajadores afectados por un ERE o ERTE [2] no pueden compensar la reducción de ingresos con los ahorros que se tienen en el Fondo Privado de Empresa porque no pueden rescatarlo; cosa que otros fondos de pensiones sí han permitido.
Las consecuencias del proyecto Pedro Sánchez.

Las propuestas de José Luis Escrivá y el gobierno de coalición contribuirán a debilitar las pensiones públicas. Fueron los cuatro sindicatos mayoritarios quienes apoyaron el proyecto desde el inicio. Aunque hubo oposición sindical, ésta no prosperó. La gran contradicción la ofrecen los grandes sindicatos que por la mañana hablan de defender el sistema Público de Pensiones y por la tarde firman las EPSV. La posición sindical no deja de ser incómoda; unos días actúan como “brokers” en bolsa buscando la rentabilidad a cualquier precio, incluso con inversiones especulativas en fondos buitre, y por la tarde se ponen la banda roja reivindicativa.

También es una anomalía que las propias Administraciones Públicas participen de un sistema privado que debilita al Sistema Público de Pensiones. Al detraer dinero de la contribución de los trabajadores y entregarlos a entidades financieras, estas aumentan sus beneficios a costa del Estado. El gobierno progresista recorre una vía ya explorada por la derecha, la de ayudar al sector privado con los recursos públicos, puesto que los ingresos de la SS vienen de los impuestos y cotizaciones que pagamos todos.

El objetivo a medio plazo, como estamos viendo en Europa, es debilitar el sistema público recortando los gastos. Si la pensión pública disminuye hasta llegar a ser meramente asistencial, se querrá imponer a continuación un sistema de capitalización a través de las EPSV y de los planes privados. La reforma de José Luis Escrivá es insolidaria, elitista y sobre todo regresiva ¿Qué tiene eso de transformación progresista como dicen algunos?

miércoles, 5 de mayo de 2021

¿Qué ocurrirá tras el cese del estado de alarma?

 


El futuro de los ERTE:
 



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que el próximo 9 de mayo decaerá el estado de alarma en España. Una buena noticia para los ciudadanos, que verán levantadas las restricciones a la movilidad y a la interacción social. Pero una pésima noticia para las empresas, que verán como el marco jurídico sobre el que descansaban los ERTE. El instrumento que ha salvado miles de empleos decae y con ellos los expedientes de fuerza mayor que les han permitido mantener el empleo en los últimos trece meses.

Debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, muchas empresas tuvieron que incluir a sus empleados en ERTE con el fin de evitar despidos. Según los últimos datos aportados por la Seguridad Social, todavía quedan alrededor de 750.000 trabajadores en esta situación.

Estado de alarma y ERTE


La Disposición Adicional Primera de la Ley 3/2021 conecta expresamente la finalización de los ERTE con la finalización del estado de alarma y sus prórrogas. Y, claro, el estado de alarma, como es sabido y salvo prórrogas inesperadas, finaliza el próximo 9 de mayo.

Oficialmente, la vigencia de este mecanismo se sitúa hasta el 31 de mayo. Sin embargo, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció a principios del mes de abril, que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) deben prorrogarse más allá del 31 de mayo con una «fórmula similar a la actual» y que en breve se abrirá la negociación para ello.

La negociación se dará en el seno de la comisión tripartita (donde están Gobierno, patronal y sindicatos). Hasta ahora, las prórrogas de este mecanismo de salvamento de empleos se han acordado en la mesa de diálogo social y constituyen una buena parte de los éxitos cosechados por la ministra de Trabajo.

Aunque Díaz no ha concretado las variaciones que se pretenden introducir, Nadia Calviño, ministra de Economía, apostó por una nueva prolongación centrada en «favorecer la reincorporación de los trabajadores a sus puestos. Lo que tenemos que hacer es ajustar los parámetros para estimular la reactivación».

Por el momento, ¿qué ocurrirá con las empresas y trabajadores en ERTE?


A día de hoy no tenemos certezas de que los ERTE se prorroguen, por lo tanto, en el supuesto de que los ERTE acaben con el estado de alarma, ¿qué ocurriría?

El día en que finalicen los ERTE, salvo que la empresa “transite” hacia un nuevo ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (los denominados ERTE ETOP), que tendrá necesariamente que negociarse. Todos esos trabajadores con contrato suspendido o con reducción de jornada, tendrán que volver al trabajo y cobrar íntegro su salario (tengan o no trabajo para ello las empresas).

Ahora, salvo que haya una rectificación rápida por parte del legislador, bien en el sentido de corregir esa Ley (suponiendo que se trate de un error) o bien acordando una nueva prórroga antes del 9 de mayo, las empresas que no hayan adoptado medidas antes de esa fecha correrán el riesgo de ver cómo todos los trabajadores con contrato suspendido deben volver al trabajo. Con el coste económico, quizás inasumible para muchas, que pueda ello implicar.


Los sectores más afectados


El sector del turismo es el que más ha utilizado la medida de los ERTE, para hacer frente a la situación de la pandemia. Las razones son evidentes: movilidad restringida o reducida, temor a contagios, etc.

Por más que el estado de alarma termine, la movilidad seguirá siendo reducida. Además que gran parte de la población apostará por quedarse en casa, o reducir el tiempo de sus vacaciones. Por lo tanto, la demanda seguirá siendo escasa durante los meses próximos y las empresas relacionadas con el turismo no podrán hacer frente a la reanudación del 100% de la plantilla que tengan en ERTE. Lo que se podría traducir en despidos masivos. Además, a escasas semanas para que finalice la prórroga de los ERTE, no se sabe nada de la supuesta continuación de estos tras el cese del estado de alarma.

Hay muchas cuestiones en el aire, como, por ejemplo: si las prórrogas se harán de manera automática, si serán con las mismas condiciones y beneficios y hasta cuando se podrán mantener. Todo ello, no hace más que mantener a las empresas y a sus trabajadores en un estado de incertidumbre muy desesperanzadora.

Debemos de tener en cuenta que, habrá un importante colectivo de trabajadores que cumplirán los seis meses de mantenimiento del empleo desde el último ERTE y que pueden ser despedidos.

De los 440.972 activos con el empleo suspendido, 192.072 corresponden a un ERTE específico (el turismo fue clasificado como una de las actividades más afectadas) y 141.045 se encuadran en un ERTE de limitación. Ligado a restricciones sanitarias que impidan el desarrollo de una actividad normal. Ambas modalidades pueden decaer sin restricciones.

Posibles soluciones

La mayor esperanza para los sectores más afectados por la pandemia y los ERTE, sería que la movilidad no se viese nuevamente tan afectada. Por ejemplo, que no se declarasen cuarentenas o delimitaciones perimetrales. Por desgracia, esto es algo que seguirá ocurriendo, aunque con suerte, en menor medida. Y esto dependerá mucho del ritmo de vacunación que nuestro país mantenga.

Si bien anunciaron que las previsiones eran de alcanzar un 70% de población inmunizada para verano. Sin embargo, al ritmo que vamos, a finales de abril, no se alcanzará dicho porcentaje, por lo que los contagios y los rebrotes seguirán sucediendo.

Tendremos pues, que esperar a las negociaciones del Gobierno para las siguientes medidas en cuanto a los ERTE a partir del 31 de mayo. Y ver qué propuestas nos presentan para solventar esta grave situación que aun perdura, y que no se recuperará de la noche a la mañana.

lunes, 3 de mayo de 2021

Informacion de prestaciones o pensiones via mobil

 


Como saber cómo va tu solicitud 
de pensión/prestación 
en la Seguridad Social con un SMS


La Seguridad Social ofrece a través de su Sede Electrónica un conjunto de servicios para facilitar ciertos trámites a los ciudadanos. Para poder acceder a algunos de estos servicios es preciso identificarse ante el sistema mediante un certificado digital emitido por una autoridad de certificación reconocida o a través de la plataforma Cl@ve.

Servicios mediante SMS

No obstante, con objeto de facilitar lo máximo posible el acceso a los usuarios que no dispongan de medios de autenticación digital, la Seguridad Social ha implementado otra forma de acceso para ciertos servicios a través de un sistema de autenticación basado en el envío por SMS al teléfono del usuario de una contraseña de un solo uso, que deberá introducir para poder acceder al servicio.

Este sistema, habitual en muchas operaciones bancarias, basa la seguridad de la identificación del usuario en el conocimiento por parte de éste de una serie de datos personales y en la posesión del dispositivo móvil, que deberá haber sido registrado previamente en la Seguridad Social a nombre de dicho usuario a través de un procedimiento seguro.

En la actualidad, hay 56 servicios distintos a los que podemos acceder a través de este método en la Sede Electrónica.

¿Cómo va mi prestación? (Otros accesos)

El último en incorporarse a esta larga lista es el servicio ofrecido por el INSS para consultar la situación en la que se encuentra el trámite de una prestación solicitada, en nombre propio y en representación de otra persona, y efectuar un seguimiento de las fases del proceso desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve.

Este servicio se suma a los preexistentes entre los que destacan la posibilidad de descargar numerosos informes como el de Vida Laboral, el certificado integral de prestaciones etc.

Cómo consultar el estado de mi prestación a través de SMS

En concreto, este servicio, permite realizar lo siguiente:

  • Consultar la situación en la que se encuentra el trámite de la prestación solicitada.
  • Efectuar un seguimiento de las fases del proceso desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve.
  • Consultar los expedientes resueltos, siempre que no hayan transcurrido más de 3 meses desde la fecha de su resolución.

Si has formulado más de una solicitud, en la primera pantalla aparecerá una relación de todas ellas; debes seleccionar la que desees consultar haciendo clic en el reglón correspondiente. Las resoluciones no incluirán importes económicos de las prestaciones del representado, haciendo referencia únicamente al sentido de la misma.


Paso por paso:

Entramos en el siguiente enlace directo: sede.seg-social.gob.es

Elegimos en este caso, acceder vía SMS.

Nos pedirán: DNI, número de móvil y fecha de nacimiento.

A continuación, aparecen nuestros datos, y el código que nos han mandado al móvil facilitado, y “acceder”.

Nos aparecerán las prestaciones que tengamos pendientes, así como su estado e información disponible.



viernes, 30 de abril de 2021

Cómo obtener un certificado digital o registrarse en Cl@ve para realizar trámites con el INSS


Hay una oficina de la Seguridad Social que abre las 24 horas, los 365 días del año, y a la que podemos acceder sin esperas desde nuestro propio domicilio o lugar de trabajo. Se trata de la oficina digital, accesible desde la Sede Electrónica y el portal Tu Seguridad Social y que nos permite solicitar nuestra
jubilación, descargar nuestra Vida Laboral, pedir la prestación por nacimiento y cuidado del menor (o de viudedad, orfandad, etc) hacer una simulación de cuánto cobraremos cuando nos jubilemos, y/o cualquier otro trámite o servicio relacionado con nuestro sistema de protección social.

Acceso con identificación previa

Para acceder a esta oficina y a su catálogo completo con las máximas condiciones de seguridad necesitamos un certificado digital válido o estar registrados en la plataforma Cl@ve. Estos métodos sirven para garantizar nuestra identidad y abrirnos el acceso a multitud de trámites y servicios electrónicos más allá de la Seguridad Social: podremos hacer gestiones relacionadas con la Agencia Tributaria (como presentar la declaración de la Renta), Tráfico, Justicia y, en general, con todos los ámbitos de la Administración.

Si todavía no sabes cómo obtener tu certificado electrónico o registrarte en Cl@ve, te contamos cómo puedes hacerlo.

Cl@ve

Cl@ve es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Su objetivo principal es que el ciudadano pueda identificarse ante la Administración mediante claves concertadas (usuario más contraseña), sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los distintos servicios.

Este sistema consiste en una plataforma de verificación de identidades electrónicas, es decir, nos permite identificarnos ante las Administraciones Públicas con plenas garantías de seguridad.

Tres vías de registro

Para ello tenemos que registrarnos, lo que podemos hacer por 3 vías 

  • Si no dispones de certificado electrónico, puedes registrarte por Internet solicitando la carta de invitación que será enviada por correo postal a tu domicilio fiscal. Deberás completar el registro con el Código Seguro de Verificación que consta en la carta. Se trata de un registro de nivel básico y, por tanto, no permite acceder a todos los servicios electrónicos ni utilizar Cl@ve firma.

  • Si dispones de certificado o DNI electrónico puedes registrarte en el sistema Cl@ve a través de internet. Es un registro de nivel avanzado que ofrece acceso al catálogo completo de servicios.

  • Presencialmente en una Oficina de Registro. Es un registro de nivel avanzado lo que te permitirá el nivel mayor de acceso a trámites y servicios. algunas requieren de cita previa pero otras muchas no y se encuentran en administraciones con bajo volumen de atención al público, con lo que podrás localizar la más cercana a tu domicilio y realizar el trámite de forma cómoda y rápida., las páginas web de las comunidades autónomas suelen ofrecer información actualizada y ampliada de las oficinas de registro cl@ve en cada territorio, puedes localizarlo simplemente introduciendo en tu buscador habitual “oficinas registro cl@ve” acompañado de su lugar de residencia. Para registrarse sólo necesitará su documento de identidad válido.
  • https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html#.YIxNVrUzbct

Diferentes oficinas

Entre estas oficinas está la red de oficinas de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal o la Agencia Tributaria, todas con cita previa. También en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, oficinas de registro de muchas comunidades y ayuntamientos o en delegaciones provinciales de los departamentos de administraciones públicas de las CCAA.

Certificados admitidos y emitidos por la Seguridad Social

La Sede Electrónica de la Seguridad Social ofrece además una amplia información tanto de los certificados admitidos para los trámites con esta administración, donde encontrará además los enlaces a la información relacionada de cada uno de ellos), como de los certificados que emite para el acceso a estos servicios y que son los siguientes:

Certificado de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT):

Los pasos a seguir son 4:

  • Leer las consideraciones previas y configuración del navegador. Para evitar problemas a la hora de solicitar/descargar el certificado
  • Solicitud vía internet de su Certificado. Al finalizar el proceso de solicitud recibirás en tu cuenta de correo electrónico un Código de Solicitud que te será requerido en el momento de acreditar tu identidad y posteriormente a la hora de descargar tu certificado.
  • Acreditación de la identidad en una Oficina de Registro. Una vez completada la fase anterior, cuando ya tengas tu Código de Solicitud, deberá acreditar su Identidad en una de las Oficinas de Registro.  Podrás usar también la red de oficinas de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Pero también otras administraciones públicas como departamentos ministeriales, Universidades, oficinas consulares en el extranjero, etc.
  • Descarga de su Certificado de Usuario. Aproximadamente una hora después de que hayas acreditado tu identidad en una Oficina de Registro y haciendo uso de tu Código de Solicitud. Podrás descargar e instalar tu certificado con el enlace de este epígrafe.

Tras la descarga es conveniente realizar una copia de seguridad de su certificado en un dispositivo de almacenamiento externo.

miércoles, 28 de abril de 2021

Subsidio extraordinario por desempleo: SED, ¿quién puede solicitarlo en 2021?


El Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) es una ayuda extraordinaria que sustituye al antiguo Plan Prepara y al Programa de Activación para el Empleo (PAE). Aquellos que la solicitan pueden beneficiarse de hasta 451,92 euros mensuales durante seis meses.

El Plan Prepara era una ayuda que entró en vigor en 2011 y que se ofrecía a las personas desempleadas de larga duración o con responsabilidades familiares. En la actualidad, ya no se puede solicitar esta ayuda porque perdió su vigencia el 30 de abril de 2018. A partir de entonces, ya no se aceptaron nuevas solicitudes y entró en vigor como sustituto a esta ayuda el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED).

Al igual que el Plan Prepara, este tampoco puede prorrogarse más tiempo, es decir, que solo durará esos seis meses como máximo y únicamente podrá solicitarse una única vez. El ingreso de la ayuda, por lo general, se hace entre los días diez y quince de cada mes.

El único inconveniente que surge es que hay muchas personas que antes podían solicitar el Plan Prepara y que ahora no puede solicitar el SED porque no tienen responsabilidades familiares. Desde septiembre de 2018 se está negociando con las Comunidades Autónomas una nueva ayuda por desempleo para dar cobertura a este grupo de personas.

Requisitos generales

  • Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial.
  • No tener cumplida la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva.
  • Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias y acreditar responsabilidades familiares.
  • Haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo realizado en caso de haber trabajado tras el agotamiento del último derecho.
  • No haber percibido previamente la ayuda económica de acompañamiento establecida en el Programa de Activación para el Empleo (PAE).
  • En la fecha de su solicitud, no estar trabajando por cuenta ajena a tiempo parcial o no tener suspendido su contrato de trabajo.
  • No haber sido beneficiario con anterioridad del subsidio extraordinario por desempleo.

Condiciones específicas

Para poder acceder a este subsidio, es necesario cumplir, al menos una de las siguientes dos condiciones, además de los requisitos generales antes citados:

1. Haber agotado el subsidio por desempleo a partir del 01/03/2018

Haber permanecido inscrito o inscrita como demandante de empleo durante el plazo de espera de un mes desde el agotamiento del subsidio anterior, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y acreditar que durante ese plazo se han realizado acciones de búsqueda activa de empleo.

No se encuentran incluidas en este colectivo las personas que hayan extinguido por agotamiento las prestaciones siguientes:

  • El subsidio para personas trabajadoras mayores de 52 años por haber alcanzado la edad que les permita acceder a la pensión contributiva de jubilación.
  • El subsidio por desempleo o la renta agraria, en favor de las personas trabajadoras eventuales incluidas en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social.
  • Los programas de renta activa de inserción (RAI) o los programas de inserción PRODI o PREPARA.
2. Personas desempleadas de larga duración

Haber extinguido por agotamiento alguna de las siguientes prestaciones:

  • La prestación por desempleo o el subsidio por desempleo
  • Las ayudas económicas vinculadas al:
  1. Programa de renta activa de inserción (RAI)
  2. El programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI)
  3. Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (PREPARA).

Haber permanecido inscrito o inscrita como demandante de empleo durante al menos 360 días en los 18 meses anteriores a la fecha de la solicitud del subsidio extraordinario.

Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo a fecha 1 de mayo de 2018. Este requisito se entenderá cumplido en los supuestos en que la persona trabajadora, aun no estando inscrita como demandante de empleo en dicha fecha, tenga interrumpida la inscripción debido a la realización de un trabajo por cuenta ajena, siempre que la duración del contrato haya sido por tiempo inferior a 90 días.

Acreditar que durante el mes anterior a la fecha de la solicitud ha realizado acciones de búsqueda activa de empleo.

Haber cesado de forma involuntaria en un trabajo por cuenta ajena previamente al agotamiento del último derecho reconocido.

Plazos para solicitarlo

Si se cumple con la primera condición, el plazo es de quince días a partir de que se cumpla un mes de espera desde que termino con un subsidio anterior. Sin embargo, si el subsidio se agotó entre el 1 de marzo de 2018 y el 5 de julio de 2018, el plazo será de dos meses.

Si cumple con la segunda condición, no hay un plazo máximo de solicitud.

Compatibilizar el SED con un trabajo parcial

Es importante saber que, en el momento se solicitar este subsidio, no se puede estar trabajando, ya que uno de los requisitos es estar en condición de desempleo total. Sin embargo, esto cambia una vez que ya te la han concedido y la estas recibiendo.

En este caso, si se acepta un trabajo de jornada parcial, la ayuda no se suspenderá, sino que se reducirá la cantidad que se estaba cobrando de manera proporcional.

Para ello, además, habrá que cumplir una serie de requisitos:

  • El trabajo tiene que ser con un contrato a tiempo parcial por cuenta ajena. No es compatible con un contrato a jornada completa ni con un trabajo a tiempo parcial por cuenta propia.
  • Los ingresos de este trabajo no pueden superar el tope de las rentas de la persona que se beneficia de la ayuda ni de su unidad familiar.
  • Es necesario informar en la oficina de empleo de que va a comenzar a trabajar a tiempo parcial, para que modifique la cantidad que se cobrará.

También habrá que comunicarlo si termina el contrato de trabajo a tiempo parcial y todavía le quedan meses de subsidio por cobrar. De esa manera podrá cobrar el total de la ayuda el resto de días que queden. Todo esto se puede comunicar con el SEPE pidiendo cita previa, telemáticamente o por el telefono de información .

Si no se quiere cobrar la ayuda mientras se recibe dinero del trabajo parcial se puede pedir en la oficina de empleo que se suspenda el pago del SED mientras dura el contrato de trabajo, para después reactivarlo una vez finalice el contrato.

Realmente, la normativa del SED no regula esta cuestión, y lo remite a la normativa general aplicable al resto de subsidios ordinarios. Si se escoge esta opción, también se tendrá que comunicar en la oficina de empleo.

Cómo y dónde puedo tramitar la solicitud

Al igual que para el resto de prestaciones y subsidios del SEPE, existen varias formas de solicitarlo:


1- En la oficina de empleo de forma presencial, pidiendo cita previa en sede electronica.

2-Desde la sede electrónica del SEPE, si dispones de certificado digital, DNI electrónico o código de usuario y contraseña..

3-También desde la sede electrónica del SEPE, a través del Formulario de pre-solicitud.

lunes, 19 de abril de 2021

La Síndica Municipal de Greuges té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns/es


                                   MANIFEST EN SUPORT DE LA

SÍNDICA DE GREUGES DE TERRASSA


El colectiu, juntament amb el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, de qual formen part com a comissió de DD. HH. volen manifestar, davant  la ciutadania: 

  • Volem reconèixer i deixar constància del treball i la dedicació constant, com a defensora de la ciutadania de Terrassa, de la primera dona Síndica de Greuges de Terrassa, la senyora Isabel Marques Amat


  • El 23 de febrer de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar definitivament l’Ordenança municipal de Transparència, accés a la Informació i Bon Govern de l’Ajuntament de Terrassa. L’article 36 de la referida ordenança estableix que correspon a l’Ajuntament en Ple aprovar el Codi de Conducta dels membres electes, alts càrrecs i personal eventual que ocupi càrrecs de confiança o d’assessorament especial dins personal directiu l’organització municipal.

  • De conformitat amb els antecedents esmentats s’elabora un CODI ÈTIC i de conducta de l’Ajuntament de Terrassa, que recull els valors i principis ètics i de bon govern que han de ser presents i informar tota actuació municipal.


  • L’Article 20.- d’aquest Codi Ètic estableix com a instrument de garantia del seguiment de l’aplicació dels principis i normes de conducta previstos, la creació de la BÚSTIA ÈTICA i de Bon Govern, com a canal de comunicació electrònica que facilitarà la participació ciutadana permetent que qualsevol persona i qualsevol servidor públic de la corporació comuniqui conductes que puguin ser contràries a les previstes al Codi.


  • Es crea aquesta BÚSTIA ÈTICA i se li encarrega a la Síndica de Greuges (i no es perquè si, sinó pel prestigi que s’ha anat guanyant , dia a dia) , la gestió , des de la seva oficina,  de l’esmentada “Bústia Ètica”.


  • En data 3 de novembre de 2020, l’òrgan gestor de la Bústia Ètica rep una comunicació mitjançant la qual alerta d’una presumpta conducta, per part d’un càrrec electe, (membre de l’equip de govern) contrària als principis ètics i a les normes de conducta que estableix el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa. La comunicació efectuada conté una descripció suficient que permet identificar la conducta o fet que es troba dins l’àmbit d’aplicació objectiu que estableix les Normes reguladores del funcionament de la Bústia Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament i, en aquest sentit, es procedeix a iniciar el tràmit protocol·lari que estableix la pròpia norma.


  • La persona alertadora comunica l’existència d’un presumpte incompliment de dos preceptes del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa i, en concret, l’article 9 que regula les normes de conducta en relació amb els conflictes d’interessos i l’article 15 relatiu a les pautes de conducta en matèria contractual en relació a l’adjudicació  d’un contracte de prestació de serveis municipals.


  • L’òrgan gestor realitza, amb tota prudència, les tasques de comprovació i investigació fins que arriba a la conclusió final. 


  • La Sindicatura Municipal de Greuges emet un informe en què conclou que sí existeix una conducta contrària als principis i regles ètiques i de bon govern per part  del càrrec electe, que implica la vulneració dels articles 9 i 15 del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa. I, en el marc de les funcions d’investigació i resolució que li han estat assignades a l’empara de l’art.17 de les Normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Terrassa, procedeix a proposar les mesures de millora en la gestió pública formulant la recomanacions pertinents.


  • Tot aquest procediment es fa, en la mes absoluta discreció, i només intervé la persona “investigada”.


  • Finalment, transcendeix a la opinió pública, el contingut d’aquesta investigació i de les recomanacions de la Sindica de Greuges, per una “filtració” realitzada des d’un dels grups polítics de la Comissió que havia de tractar el contingut del Informe de la Síndica.  


  • Es evident que hi ha hagut una “actuació” interessada i “política” amb “mala fe” en lloc de la utilització correcte, democràtica i equitativa de les pròpies normes que aprova el Ple de l’Ajuntament.


  • El Consell d’Entitats-Espai Drets vol, en primer lloc, rebutjar aquests comportaments “indignes” , com són les “filtracions” o conductes poc ètiques dels responsables polítics,  que no ajuden a construir una societat lliure i avançada, ni una “ciutat dels drets” i a la vegada donar el màxim suport pel treball “excel·lent” que ha fet, una vegada més,  la Síndica de Greuges, aplicant els Principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, i respectant el principi de màxima reserva.


  • No acceptarem que es vulgui, de forma negligent i interessada, tacar la tasca de la persona que ajuda a garantir amb eficàcia els Drets Humans a la ciutat de Terrassa


  • Apostem una vegada més perquè els responsables polítics de l’Ajuntament de Terrassa estiguin a l’alçada en el compliment de les pròpies normes que han aprovat, i que practiquin una gestió ètica i transparent a la vegada que fomentin la Cultura dels DDHH i dels valors que faciliten el dret a una ciutat digne i humanament cooperativa i inclusiva.