El Gobierno central ha acordado no prorrogar la moratoria de cortes de suministros en todos los hogares del Estado en una decisión que puede conllevar consecuencias nefastas.
Tras el Consejo de Ministros celebrado el pasado 29 de septiembre, se ha anunciado la ampliación temporal del llamado “escudo social”, una serie de medidas excepcionales frente a la crisis de la COVID-19, pero que ha dejado fuera la garantía de los suministros de energía y agua. Esta medida, más necesaria que nunca en plena pandemia, afecta a todas las personas en su vivienda habitual y dejará a miles de familias y a la población más precaria (migrantes, mujeres, jóvenes y pensionistas) a expensas de las compañías, que podrían iniciar una oleada de cortes de suministros.
La población más vulnerable, que ha sufrido históricamente las peores consecuencias de las crisis de un sistema depredador de la vida, ve nuevamente cómo ante la actual situación de la COVID queda completamente desprotegida frente al gran oligopolio energético. Un abandono que provoca la vulneración del derecho a una vida digna, al abastecimiento de suministros tan básicos como el agua, la electricidad o una temperatura adecuada en sus hogares.
Las organizaciones y movimientos sociales firmantes de este manifiesto exigimos al Ejecutivo de Pedro Sánchez una rectificación inmediata y que apruebe cuanto antes una prórroga indefinida de la prohibición de cortes en el ámbito doméstico hasta que no se incluya el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética, pues consideramos insuficiente la nueva categorización de consumidor vulnerable que establece el nuevo Real Decreto ley 30/2020.
De no atenderse estas peticiones, supondría que nuevamente las administraciones públicas se desentienden de las miles de familias vulnerables en todo el Estado que podrán sufrir cortes en sus domicilios. Muchas de ellas han visto cómo decaían sus ingresos mientras sus facturas se han incrementado durante el confinamiento (ya que las familias han pasado más tiempo en sus hogares y las tareas de cuidado o atención a la enfermedad también requieren más energía) y no están pudiendo hacer frente a los pagos.
Un hecho que parece proteger en exclusiva a las comercializadoras que según ellas se enfrentan a impagos que “tienen que absorber” y que esto sería un problema ya que no pueden dejar de hacer frente a los pagos del sistema eléctrico. Unas afirmaciones falsas ya que han generado un sistema tarifario que les protege a costa de todas; prueba de ello es cómo han establecido fórmulas de autoprotección como por ejemplo, la forma de cubrir las pérdidas de energía que se producen por transporte, distribución, errores de medida y fraudes. Estas pérdidas, cifradas en una media del 15% de la energía que se produce, se reparten entre las personas usuarias, que abonan un porcentaje de las mismas dependiendo de su tarifa. Esto parece un “seguro por pérdidas” pagado por las personas consumidoras; teniendo en cuenta que según la CNMC se ha ido produciendo un incremento del fraude en sus diferentes modalidades, que cuesta unos 150 millones de euros anuales a los consumidores y que principalmente provienen de empresas y grandes consumidores, y en mucha menor medida (aproximadamente el 1%) de viviendas. Además, muchos de estos hogares, aun habiendo intentado regularizar el suministro porque quieren pagar sus facturas, han recibido una negativa al respecto por parte de las grandes compañías suministradoras.
La prohibición de cortes es una medida de mínimos y es inaceptable que no se prorrogue. Recogida originalmente en el Real Decreto-ley 8/2020, en julio se decidió ampliar la protección hasta el 30 de septiembre y no ha sido renovado nuevamente.
Aunque el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la extensión de la cobertura del bono social eléctrico con la introducción de nuevos supuestos, como ya ha sido manifestado en múltiples ocasiones, el bono social es una medida que no ofrece soluciones reales a las personas que padecen la pobreza energética, dado que muchas de ellas siguen sin poder hacer frente a sus facturas, a pesar de contar con los correspondientes descuentos. Además, no abarca las facturas de gas ni de agua, aumentando el grado de desprotección de estas familias. En este sentido, aunque se introdujo la figura del bono social térmico, la realidad es que se trata de una dotación única anual muy reducida (entre 25 y 123,94€), sujeta a disponibilidad presupuestaria y a la cual muchas personas, pese a realizar los trámites establecidos, no han podido acceder a día de hoy.
Hace casi un año y medio, el Ministerio para la Transición Energética presentó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, en la cual se incluía el principio de precaución como una de las principales medidas a impulsar. Este consiste básicamente en imponer a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro hasta que la empresa no consulte la situación económica de la familia afectada con los Servicios Sociales competentes y se tenga la certeza de que no se trata de una familia vulnerable.
Las organizaciones firmantes reclamamos que hasta que no se establezca de manera efectiva el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética, se prorrogue de forma indefinida la prohibición de cortes en el ámbito doméstico, más aún cuando nos encontramos en medio de una pandemia mundial y a las puertas de una gran crisis social y económica.
No dejar a nadie atrás significa garantizar los suministros a todas las personas y a todas las familias en plena pandemia. No hay vivienda digna sin suministros. Exigimoshechos y derechos, no meras palabras.
ORGANIZACIONES QUE FIRMAMOS:
Activat+45
AeioLuz Cooperativa
Afirmativa
Aigua és Vida
Alianza de Mareas y Movimientos Sociales
Amigos de la Tierra
APE
Área de Acción Social de la Institución Teresiana España
Asamblea Agua Pública 10% Región Murciana
Asamblea Feminista de Madrid
Asoc Victimas de la Justicia Jurisdiccional
Asociación Cultivarte Occidente
Asociación de Bipolares de Asturias
Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur)
Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias
Asociación de pensionistas de Gijón
Asociación Ecoserveis
Asociación Española de Educación Ambiental
Asociacion Vecinal Fuente de la Reja de Pegalajar
Associació Cultural Nou Barris Taller d' Idees
Asturies Feminista 8M
Asturies pol Clima
Ateneo Obrero de Gijón
Ateneu del Raval
ATTAC
Auzolanean Tolosa
Balears Diversa
Biziz Bizi
Campanya per una Justícia Fiscal - CV
Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí
CCOO
CECU
CEDSALA
CGT
CIDES
Colectivo Parad@s Terrassa
Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía
Coordinadora Bolivia unida contra el golpe de Estado
Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña
Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias
Corriente Sindical d'Izquierda (CSI)
COSPA Pensionistas Avilés
CuervoZine
Dones d'Aigua de Terrassa
DonesCreients
Droit à l’énergie SOS FUTUR
Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
Ecologistas en Acción La Rioja
Ecoloxistes n'Aicion d'Asturies
Ecooo Revolución Solar
Ekologistak Martxan Bizkaia
El Atelier
EnAct
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
Erletxe. Oficina de Información y Agitación Social de Irun
Euskal Gune Ekosozialista - Espacio Ecosocialista Vasco
Facua
FAVB (Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona)
Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO)
Federación de Vecinos de Gijón. FAV
Feministas por el Cambio Social
Feministas por el Clima
FETE. Federación Élite Taxi España
FRAVM
Fridays for Future Madrid
Fundación Ecología y Desarrollo
Green Cross España
Greenpeace
Iaiosflautasmorvedre/ JóvenesPensionista C.V
Icaria editorial
Intersindical Región Murciana
Jóvenes Pensionistas
Madres por el Clima
Manifiesto por el Socialismo
Marea Pensionista (COESPE)
Mocedá pol Clima / Fridays For Future Asturies
Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica a l'AMB (MAPiD)
Mugarik Gabe
MuniMadrid Diversidad Funcional
No Més Blocs (l'Hospitalet de Llobregat)
Observatori del Deute en la Globalització - ODG
ODS-Coia (Oficina Dereitos Sociais - Coia)
Pachakuti
Pacientes LMC
PAH
PAH Granollers
Pah Oviedo
Pensionistas de Móstoles
Pensionistas Siero
Pensionistas XLA DIGNIDAD SOCIAL
Pertsonala
Plataforma Antitérmica La Pereda
Plataforma Asturiana Contra la Contaminación Electromagnética/PACCEM
Plataforma Auxiliares de Ayuda a Domicilio Asturias
Plataforma Cantabria por lo Público
Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura
Plataforma Contra la Contaminación de Xixón
Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII)
Plataforma de Pensionistas de Córdoba
Plataforma de Pensionistas de Dos Hermanas
Plataforma en defensa de pensiones públicas Estella
Plataforma Pensionistas Chamberí
Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública Asturias
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético - Nodo Cantabria
Plataforma Ur Publikoa de Bizkaia
Plataforma Vallecana XLA DIGNIDAD SOCIAL
Platoniq, Creatividad y Democracia
Pobresa Zero Comunitat Valenciana
Red Agua Pública (RAP)
Red de Agua Pública de Aragón
Red de Cuidados de Chamberí
Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista
Red Ecofeminista
Right to Energy Coalition
Salvemos ei Ega-Ega Bizirik
Sindicat co.bas comissions de base
Sindicat de Llogateres
Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid
Sociedad Cultural Gijonesa
Solabria Cooperativa
Somos Tribu
STEI Intersindical
STEILAS
StopDesahucios Bidasoa
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Taula de l'aigua de Terrassa
Tertulia Cultural El Garrapiellu
TRADENER
Unión General de Trabajadores
UPLA-LA UNIÓN
URBIZI
USO
Visión Trans
Xarxa per la sobirania energètica
Xarxa Socialisme 21
XR Barcelona Rebel·lió per la Justícia Global
Yayoflautas Madrid
Zambra Málaga
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